El presidente lo expresó al presentar el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

«Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, confiar en ella, en que está para defendernos, para protegernos», subrayó hoy el presidente Mauricio Macri al presentar el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que propone reducir la duración de los juicios y aumentar la transparencia del sistema judicial, entre otros avances institucionales.

El jefe de Estado remarcó que la iniciativa «es una muestra de que se puede mejorar lo que no funciona» y que «no tenemos que resignarnos». «Sólo tenemos que querer ser mejores y hacer los cambios concretos que hagan falta», enfatizó.

En un acto realizado en la Casa de Gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le entregó el presidente el texto del anteproyecto, que fue redactado por una comisión de 21 especialistas en Derecho Procesal.

Macri subrayó que «los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia» y «saber que está para servirnos, para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos». «Y gracias al esfuerzo de muchos, estamos avanzando en este sentido», puntualizó.

El presidente agradeció a los participantes del proyecto y, en especial, a quienes llevan adelante Justicia 2020, que es una plataforma web en la que cualquier ciudadano puede participar.

«Me da mucho orgullo saber que hay tantos argentinos comprometidos que aportaron sus ideas para que nuestra Justicia sea más rápida, cercana, moderna y, algo tan importante para una sociedad: que sea independiente», afirmó.

«Así como decimos que si la Justicia es lenta no es justicia, si la Justicia no es independiente no es justicia», enfatizó.

En ese sentido, el presidente subrayó que desde diciembre de 2015 «trabajamos mucho para que la política no interviniera en la Justicia». Y remarcó que «es importante ahora que la Justicia pueda defender su independencia».

Sostuvo que los argentinos «estamos cambiando la realidad sobre la base de tres valores que son innegociables para nosotros, la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo». «Porque ya no nos da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad, no nos da lo mismo tener instituciones serias y confiables o no tenerlas», y «no nos da lo mismo vivir en la confrontación permanente o vivir en una sana convivencia», recalcó.

Advirtió que «si los procesos tardan años, no hay justicia» por lo que ahora «necesitamos cambiar este sistema». «Y no un cambio superficial, no un parche», sino «un cambio en serio como esos que hemos encarado en estos tres años y medio», apuntó.

Señaló que el objetivo de tener un nuevo código «es justamente para resolver más rápido y de manera más eficiente esos conflictos que son parte del día a día de todos».

Propone instalar la oralidad efectiva en la etapa de conocimiento, simplificar estructuras procesales, instalar el uso de tecnologías como la videograbación de audiencias, procurar la conclusión del proceso en el menor tiempo posible e implantar la obligación de decir la verdad para las partes.

La iniciativa ubica al usuario como centro del servicio de justicia, al juez como director del proceso y su necesaria participación en las audiencias, y a los abogados como auxiliares para la solución del conflicto.

Macri remarcó que la Justicia «es la que tiene que estar» cuando, por ejemplo, «hay que definir las cuotas alimentarias de los hijos, cuando alguien tiene un accidente de tránsito, es víctima de mala praxis o cuando hay conflictos comerciales».

Destacó la novedad de que la iniciativa incluye el deber de declarar la verdad en la instancia judicial porque «aunque parezca una obviedad increíble no mentirle a un juez, en el código actual no es obligatorio». «Y uno puede dar un falso testimonio sin que esto tenga ninguna consecuencia. Y eso no está bien», dijo.

También puso de relieve que el texto impulse la institucionalización de los procesos orales porque esa metodología «da mejores resultados». «Cuando nos miramos a la cara y nos escuchamos, crece la cultura del acuerdo. Es un valor que siempre defendí, en todos los aspectos de mi vida, incluida la política», apuntó.

La oralidad efectiva comenzó a realizarse en agosto de 2016 en el marco de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil, a través de la firma de convenios de colaboración con poderes judiciales provinciales y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El sistema ya se aplica en juzgados en lo Civil y Comercial de las provincias de Buenos Aires, San Luis, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, San Juan, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes y en la Justicia Nacional Civil de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que está próxima a implementarse en Neuquén y Misiones.

A junio pasado, ese método ya era aplicado por 404 jueces en 15 jurisdicciones en los juicios de conocimiento civiles y comerciales, lo que equivale al 45,5 por ciento del universo de magistrados civiles y comerciales de la Argentina.

La duración de un juicio que tramita por oralidad es en promedio de 1 año y 5 meses, cuando antes, de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, duraban 3,5 años y podían extenderse hasta 7 años para obtener sólo una sentencia de primera instancia.

Luego de casi tres años de aplicación de la oralidad, una encuesta del Ministerio destaca que el 99 por ciento de los consultados está satisfecho con el trato recibido en las audiencias y el 94 por ciento con la duración del proceso.

El nuevo código impactará favorablemente a los litigantes de juzgados federales de todo el país y de juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires en materia civil y comercial, beneficiará también a los operadores judiciales, y mejorará la imagen de la Justicia.

La comisión redactora del anteproyecto está integrada por Roland Arazi, Patricia Bermejo, Rubén Calcaterra, Gustavo Calvinho, Hernán Calvo, Héctor  Chayer, Mabel de los Santos, Agustina Díaz Cordero, María Lilia Gómez Alonso, Adrián Grassi, Pablo Grillo Ciocchini, Francisco Hankovits, Mario Kaminker, Ángela Ledesma, Juan Pablo Marcet, Eduardo Oteiza, Jorge Peyrano, Jorge Rojas, José María Salgado, Claudia Sbdar y Andrés Soto, mientras que Santiago Pereira Campos actuó como facilitador del proceso.