El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, solicitó un informe al Poder Ejecutivo nacional para que investigue cómo en la unidad básica de La Cámpora se realizan los trámites correspondientes al organismo público con fines proselitistas.

Las dos dependencias, tanto la partidaria como la estatal, están ubicadas sobre Alberdi al 4800 de Caseros, justo enfrente de la Municipalidad que gobierna el intendente de Cambiemos, Diego Valenzuela. «Si bien el uso de recursos públicos para fines proselitistas se ha convertido en un problema extendido y de larga data en Argentina, estas prácticas carecen de ética pública», señaló el mandatario local.

Además, Valenzuela realizó un fuerte descargo en sus redes sociales: «No podemos tolerar que se abusen los derechos de los que menos tienen y que los manipulen para beneficiar sus intereses políticos». Y agregó «Desde que asumí como Intendente encare un cambio cultural profundo, decidimos sacar a todos ‘tramitólogos’ para transparentar todos los trámites y servicios municipales».

En la investigación periodística se acusa a Juan Debandi -concejal del Frente de Todos de Tres de Febrero, jefe de bloque en el Concejo Deliberante y vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado- de firmar los folletos en los que se detallan los trámites de ANSES que se pueden realizar en la sede camporista.

Luego de que el caso trascendiera en los medios de comunicación llegó a la Cámara de Diputados a través de la solicitud de informe presentada por diputado Wolff. Según el escrito, esta actividad está prohibida por el artículo 36 de la Constitución Nacional que actúa en defensa de la democracia y la ética pública. Además, insta a que el Poder Ejecutivo nacional esclarezca los hechos a través del ANSES.