Los intendentes, también querellantes, solicitaron testigos y pericias para resolver la presunta adulteración en perjuicio del financiamiento de 134 partidos de la provincia de Buenos Aires.

El intendente Diego Valenzuela se presentó ante la Justicia Federal en el marco de la causa por la supuesta adulteración de los datos del censo del año 2010, en la que solicitó la producción de diversas medidas de prueba. Entre ellas, se pidió que se tomen testimonios a testigos y se realicen pericias para determinar la veracidad del dato poblacional del partido de La Matanza. También se solicita a la Justicia se reclame al INDEC los datos provisorios del censo del año 2022.

En caso de corroborarse lo denunciado, esto generaría un fuerte impacto sobre el reparto de recursos en materia de coparticipación entre los municipios, dado que la población es uno de los datos que se toman en consideración para la distribución de recursos entre los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

A mediados de año, el mandatario del oeste bonaerense realizó una denuncia contra el ente público por supuestas adulteraciones en los números de La Matanza que habrían provocado el aumento de sus recursos en detrimento de los otros. Entre las pruebas presentadas se encuentra que la cantidad de ciudadanos aumentó un 41%, mientras que las viviendas tan sólo un 24%. Otra es la del índice de vacunación contra el coronavirus en La Matanza: Es del 60%, mientras que en los demás municipios del conurbano el porcentaje promedio es del 80%.

Por su parte, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, adhirió al pedido de Valenzuela, por lo que en este momento todo está en manos de la Justicia Federal que deberá decidir sobre las peticiones.

Ahora, se abren otros interrogantes como cuál será el camino a seguir si es que se corrobora que la repartición de recursos efectuados durante los últimos doce años se realizó sobre un dato que no era el real, y cuál será la posición que adoptarán los 134 distritos perjudicados por la posible distribución de fraudulenta de recursos.

Los intendentes querellantes ya expresaron su malestar porque la causa y su resolución no pase a 2023 y se pierda la oportunidad de recalcular los recursos que le tocarían a cada distrito.