«No nos moveremos ni un milímetro del programa económico” fue el mensaje del jefe de Estado, que parece no entender el rechazo a sus políticas expresado en las urnas de la provincia de Buenos Aires el domingo.
El gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.
El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente buscaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la universidad pública en todo el país. Los puntos centrales de la iniciativa eran:
- Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
- Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al Programa de Desarrollo de la Educación Superior para:
- Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado
- Garantizar la formación continua
- Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes
- Incrementar recursos para tecnología digital
- Impulsar la formación y fortalecimiento del personal
- Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias
- Promover la función de extensión universitaria
- Desarrollar la función de investigación
- Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento
- Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión
- Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas
- Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del IPC informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.
Asimismo, el jefe de Estado vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica, otra vez justificando la medida en la necesidad de preservar el «equilibrio fiscal» y evitar lo que la administración libertaria considera un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público».
El decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:
- Impacto fiscal directo: El gobierno estimó un «impacto fiscal directo» de 115 mil millones de pesos por la recomposición salarial prevista en la ley.
- Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con «reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias», lo que «inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias».
- Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el gobierno comparó el monto con «un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria».
«Aumento desmedido e irresponsable»: El decreto sostiene que el proyecto «carece de un financiamiento genuino», tiene una «redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad», «profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias».
«Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal», argumentaron desde el gobierno violeta.
«No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, aseguró Javier Milei tras conocerse estas medidas, y sin tener en cuenta el rechazo a esa política que expresaron las urnas bonaerenses el domingo.
«Sin dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo», expresó ayer, en una entrevista televisiva, el vocero del gobierno, Manuel Adorni. Y osado, además manifestó: «La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema».
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