La Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió el fallo de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF y dejó sin efecto, al menos por ahora, la condena que obligaba al país a pagar más de 16 mil millones de dólares. El gobierno celebró la decisión como un “hito” en la defensa del Estado, mientras que el fallo reavivó la disputa política interna por el origen del litigio.
La resolución del tribunal estadounidense modificó el escenario judicial que enfrentaba la Argentina desde 2023, cuando la jueza Loretta Preska había condenado al país por considerar que incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012. Ahora, la Cámara de Apelaciones entendió que esa interpretación fue errónea y determinó que los reclamos por incumplimiento de contrato no son reconocibles bajo el derecho argentino aplicable al caso.
De esta manera, el país evita -al menos en esta instancia- el pago de una indemnización que, con intereses, rondaba los 18 mil millones de dólares, una cifra que representaba una fuerte amenaza para las cuentas públicas y la estrategia financiera del gobierno.
El presidente Javier Milei celebró el fallo y lo presentó como un logro de su gestión. “Es un día muy especial para la Argentina”, sostuvo, y remarcó el impacto económico de la decisión: “Acá está la gestión, 18 mil millones de dólares”. En la misma línea, destacó el trabajo conjunto de los equipos legales del Estado y de la conducción de YPF para revertir la sentencia.
Además, durante un acto público, el mandatario profundizó el tono político y apuntó contra la gestión que impulsó la expropiación. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, el imbécil, el incompetente de Axel Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó, en referencia al actual gobernador bonaerense y a la ex presidenta.
“Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, expresó, asimismo, en una transmición por cadena nacional. “Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, argumentó.
El presidente apuntó también contra la administración de Alberto Fernández. “El juicio de YPF comenzó en la presidencia de Cristina Kirchner y se perdió en primera instancia en la presidencia de Alberto Fernández. Ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos“.
Además, anunció que la gestión libertaria enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, para que “la arrogancia de la política no vuelva a costar otra década perdida y que la propiedad privada no pueda ser puesta en tela de juicio”.
El fallo también tuvo impacto inmediato en los mercados: Mientras las acciones de YPF subieron tras conocerse la noticia, los papeles del fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos a litigar, se desplomaron con fuerza.
Desde el punto de vista técnico, la Cámara de Apelaciones consideró que el estatuto de la petrolera no generaba obligaciones contractuales exigibles contra el Estado en el marco de la expropiación, y que el derecho público argentino prevalece en este tipo de decisiones soberanas. En ese sentido, el tribunal concluyó que la sentencia de primera instancia debía ser revocada y ordenó que el caso continúe bajo nuevos criterios.
Sin embargo, el proceso judicial no está cerrado. La causa volverá a instancias inferiores y los demandantes aún pueden intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las chances de que el máximo tribunal lo tome son consideradas bajas.
El litigio, iniciado en 2015 tras la estatización de YPF, se había convertido en el mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales internacionales y en una de las principales amenazas legales para el país en los mercados financieros. La decisión conocida ahora representa un alivio significativo, aunque mantiene abierto un frente judicial que seguirá en disputa.
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