
Un vecino en motocicleta fue embestido por un móvil de la fuerza comunal. Denuncia que, para encubrir la negligencia del chofer, los agentes intentaron armarle una causa por desobediencia. El hecho reaviva el debate sobre la falta de capacitación y los antecedentes de violencia de la fuerza local.
La Policía Municipal de San Miguel vuelve a quedar en el centro de la tormenta tras una grave denuncia de abuso de autoridad y persecución. Lo que comenzó como un control de rutina terminó con un vecino atropellado por las propias fuerzas de seguridad y una posterior maniobra de hostigamiento para ocultar el error policial.
El hecho ocurrió cuando el conductor de una motocicleta acató la señal de alto de una patrulla y detuvo su marcha. Sin embargo, el móvil municipal -conducido por el agente Alex Brandán- no frenó a tiempo y embistió al vecino por la espalda.
Lejos de asistir a la víctima y reconocer la negligencia, los efectivos desplegaron un agresivo operativo para dar vuelta la escena. Tras realizarle un test de alcoholemia al conductor, que resultó negativo, y al quedarse sin argumentos para responsabilizarlo por el siniestro, los agentes intentaron armarle una causa bajo la carátula de «desobediencia».
«Gracias a Dios estoy con vida», expresó aliviada la víctima, quien ya inició acciones legales contra el Municipio de San Miguel, que tiene como intendente a Jaime Méndez, y los agentes involucrados para evitar que este tipo de atropellos afecte a otros ciudadanos.
Este episodio no es un hecho aislado, sino que se suma a un preocupante historial de la Policía Municipal de San Miguel, una fuerza que ha sido varias veces cuestionada por sus métodos de intervención y la falta de formación profesional de sus cuadros.
Vecinos y organizaciones sociales han denunciado reiteradamente «razzias» y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza comunal, señalando que hay particular ensañamiento con jóvenes de barrios vulnerables, trabajadores informales y repartidores de aplicaciones.
Asimismo, en 2021, la Policía Municipal sanmiguelina primero rodeó y luego ingresó de manera violenta al Hospital Larcade para reprimir a los trabajadores de la salud que reclamaban por mejoras laborales, demostrando un uso político y desmedido de la fuerza.
La reiteración de estos casos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la gestión municipal: ¿Está la Policía Municipal preparada para cuidar a los sanmiguelinos?
Muchas veces, el apuro por mostrar «mano dura» y control territorial suele derivar en el reclutamiento de agentes con escasa formación pedagógica, legal y operativa. El caso de Alex Brandán y sus compañeros parece confirmar el peor de los diagnósticos: Una fuerza más preocupada por encubrir sus propios errores mediante la coacción que por garantizar la seguridad de la comunidad.
La Justicia ahora deberá determinar las responsabilidades penales de los efectivos involucrados en el choque y las maniobras posteriores, en un San Miguel donde el miedo a la delincuencia empieza a competir con el miedo a quienes deberían combatirla.
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