En una clara muestra de debilidad parlamentaria y de los límites de su poder de negociación, el gobierno nacional sufrió una derrota política contundente en el Senado al verse obligado a retirar por completo el capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. La Casa Rosada debió dar marcha atrás ante el rechazo rotundo de los gobernadores y de los bloques aliados, dejando al desnudo su incapacidad para construir mayorías en la Cámara Alta.
La capitulación oficial se concretó tras una reunión de urgencia encabezada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con senadores de la UCR y otras fuerzas dialoguistas. El oficialismo llegó al límite absoluto de su capacidad de presión: Apenas un día antes, había intentado maquillar la derrota ofreciendo una fórmula intermedia que fijaba un techo del 25 por ciento para la titularidad extranjera. Sin embargo, ni siquiera esa concesión bastó para convencer a mandatarios provinciales como el tucumano Osvaldo Jaldo o el neuquino Rolando Figueroa, ni a los propios legisladores dialoguistas.
Sin los votos asegurados y frente al riesgo inminente de que el rechazo a este apartado arrastrara a todo el proyecto y dinamitara la sesión prevista para este jueves a las 14, el Ejecutivo tuvo que capitular y desprenderse de uno de los ejes centrales que pretendía imponer para flexibilizar la ley 26737, vigente desde 2011.
De esta manera, el intento oficial de desregular el mercado de tierras -un objetivo que ya había fracasado parcialmente en su intento a través del DNU 70/2023- quedó trunco ante la resistencia política. Aunque el oficialismo busca ahora rescatar el resto de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye polémicos cambios en materia de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, la forzada retirada del capítulo de tierras representa un duro golpe institucional para el gobierno, que debió doblegarse ante las exigencias de sus aliados para evitar un nuevo papelón legislativo.
Tras desechar el punto más controvertido, la sesión se concentra en los apartados restantes del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los cuales también concentran fuertes rispideces:
Desalojos exprés: La iniciativa introduce un mecanismo abreviado para acelerar la restitución de inmuebles urbanos y rurales en casos de usurpaciones o tenencia precaria, facultando a los jueces a ordenar la devolución en un plazo de 72 horas cuando el derecho del propietario resulte verosímil. Asimismo, se fijan plazos específicos de al menos 10 días corridos para notificar a inquilinos morosos.
Expropiaciones y lucro cesante: Se establecen criterios más estrictos para que el Estado declare la utilidad pública y se fija un tope del 30 porciento en las indemnizaciones calculadas por lucro cesante, aplicando una tasa de interés atada a la inflación más un índice del Banco Nación.
Ley de Manejo del Fuego: Se modifica el régimen vigente para flexibilizar restricciones de largo plazo sobre el cambio de destino de superficies afectadas por incendios, un punto sumamente cuestionado por ambientalistas que advierten sobre posibles incentivos a la especulación inmobiliaria y productiva.
La tensión reglamentaria por las ausencias y la conectividad
Antes de dar inicio al debate sobre el fondo del proyecto, la jornada legislativa quedó atravesada por una fuerte disputa reglamentaria vinculada a la participación remota de senadores.
La vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, autorizó de manera excepcional la conexión a distancia de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti -quien se encuentra cursando el tramo final de su embarazo con reposo indicado por prescripción médica- y del radical Flavio Fama, en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica. Sin embargo, dado que el reglamento ordinario del Senado no contempla el uso de sesiones virtuales de manera permanente desde la pandemia, el pleno debió definir la validez de la modalidad.
Esta discusión no es menor, ya que los votos de ambos legisladores resultan vitales no solo para alcanzar el quórum y definir las votaciones ajustadas del articulado restante, sino también por el precedente institucional que se imprime sobre el funcionamiento de la Cámara Alta.
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