La quinta Marcha Federal Universitaria congregó este jueves a miles de estudiantes, docentes, no docentes y representantes de organizaciones sociales y sindicales en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La movilización tuvo como eje central exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial del sector y la actualización de los presupuestos para las casas de altos estudios.
La jornada, que incluyó actos y réplicas en distintos puntos del país, estuvo marcada por un fuerte cruce de posturas políticas y concluyó con incidentes, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un saldo de 31 detenidos.
Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones estudiantiles, los organizadores advierten que los ingresos de docentes y no docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 32 por ciento. Asimismo, alertan que, de mantenerse las condiciones presupuestarias actuales y el congelamiento de becas, se compromete el funcionamiento institucional de cara al período 2027.
Desde el gobierno de Javier Milei sostienen que ya se han otorgado incrementos salariales al sector y argumentan que avanzar con mayores partidas sin un financiamiento específico pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
La movilización coincidió con el intento fallido de la oposición en la Cámara de Diputados por conseguir quórum para sesionar y avanzar con la derogación del DNU 70/2023. Asimismo, en el plano judicial, una cámara federal suspendió provisoriamente las multas diarias impuestas al Ejecutivo por el litigio de fondos universitarios.
La jornada contó con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA, ATE, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de distintos espacios.
Incidentes y daños materiales
Por otra parte, alrededor de las 16 horas, mientras se desarrollaba el acto central, se registraron disturbios en la zona de las avenidas Rivadavia y Callao. Un grupo de manifestantes arrojó piedras contra el vallado de seguridad y rompió parte del mobiliario urbano, a lo que las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
El operativo finalizó con 31 personas detenidas y al menos 8 efectivos de seguridad heridos.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estimó preliminarmente que la reparación de los destrozos en el espacio público demandará unos 90 millones de pesos.
En ese sentido, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional responsabilizó a grupos violentos por alterar el orden, autoridades universitarias y referentes opositores cuestionaron la magnitud de la represión policial y señalaron que los incidentes fueron protagonizados por una minoría ajena al desarrollo pacífico de la marcha.
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