La organización presentó una acción judicial contra el Municipio tras detectar un protocolo local que incorpora requisitos no previstos por la ley nacional 27610. En paralelo, la Campaña por el Derecho al Aborto visibilizó la situación en una conferencia de prensa.
Amnistía Internacional presentó una acción judicial contra el Municipio de San Isidro por la presunta existencia de obstáculos institucionales para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo -IVE/ILE- en el sistema de salud local. La organización cuestiona la aplicación de un protocolo municipal que, según denunció, incorpora requisitos y procedimientos burocráticos ajenos a la normativa nacional.
El planteo judicial se conoció en paralelo a una conferencia de prensa convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, realizada en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense. El encuentro contó con el respaldo de referentes de derechos humanos, profesionales de la salud, sindicatos, docentes, concejales y organizaciones feministas.
Un «circuito informal» bajo la lupa judicial
Según Amnistía Internacional, la existencia del protocolo cuestionado fue reconocida por el propio Municipio en el marco de una presentación ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 2 de San Isidro. Para la organización, este dato es central: Confirmaría que las barreras denunciadas no son casos aislados, sino una directiva institucional aplicada en el circuito de atención.
La demanda busca que la Justicia ordene al Municipio cesar con estas prácticas y garantizar el acceso a la IVE/ILE conforme a la ley 27610. Además, se solicitó una medida cautelar para que los cambios se apliquen de forma inmediata, sin esperar la sentencia definitiva.
¿Qué exige el protocolo municipal que contradice la ley nacional?
- Pasos previos obligatorios: Consultas obligatorias con psicología y servicio social
- Reconfirmación: Exigir la ratificación de una decisión que la paciente ya manifestó
- Modificación de plazos: Alterar el modo de cómputo de los 10 días que establece la ley para garantizar la práctica
- Centralización: Concentrar la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil, eliminando la prestación en los Centros de Atención Primaria de la Salud
Desde la organización advirtieron que estas exigencias provocan demoras injustificadas, afectan la confidencialidad de las pacientes y dificultan el acceso efectivo en los tiempos legales. Además, alertaron que el protocolo expone a los propios equipos de salud a sanciones penales por dilatar u obstaculizar la práctica.
Testimonios y falta de diálogo
Durante la conferencia, Mariela Galassi, representante de Amnistía Internacional, afirmó que durante 2024 y 2025 recibieron numerosos testimonios de personas afectadas por estas barreras en San Isidro.
Galassi explicó que intentaron abrir canales de diálogo con la Secretaría de Salud municipal y la dirección del Hospital Materno Infantil, pero no obtuvieron respuesta. La confirmación del documento llegó recién por vía judicial: Un PDF «sin fecha, sin firma, sin sello ni número de expediente» que era distribuido de manera interna. «Esto confirma lo que sospechamos: la existencia de un circuito informal e irregular de atención a solicitudes de aborto que obstruye, dilata el acceso a la práctica y pone en riesgo la salud de las personas», planteó.
Denuncias de desinformación y desmantelamiento
Por su parte, Martina Ferreto, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, apuntó contra la creación del consultorio municipal denominado «Maternidades vulnerables». Según denunció, el espacio fue atendido inicialmente por voluntarios externos al sistema de salud con el objetivo de disuadir a las mujeres.
«En dicho espacio, además de regalar escarpines y vírgenes, se desinforma sobre la práctica del aborto con el objetivo de generar miedo, culpa y cuestionar las decisiones de las usuarias para persuadirlas de que cambien de opinión», afirmó Ferreto.
Asimismo, Daniela Treco, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, leyó un comunicado firmado por trabajadores de la salud de San Isidro. En el documento denunciaron que el circuito articulado que funcionaba con éxito desde la sanción de la ley fue «completamente modificado» a partir de 2024. Los profesionales acusaron la eliminación del consultorio específico de IVE/ILE y presuntas presiones institucionales para no brindar información ni realizar consejerías.
El reclamo de fondo
Con esta acción legal, Amnistía Internacional busca que la Justicia obligue a San Isidro a garantizar el acceso a la IVE/ILE en todos los niveles de atención, incluidos los Centros de Atención Primaria de la Salud.
También a abstenerse de exigir pasos administrativos o psicológicos no previstos por la ley; reforzar la confidencialidad de las pacientes; y computar el plazo legal de 10 días desde el primer contacto de la persona con el sistema de salud.
📱 Mandá tu video acá wa.link/cm4zfs
