Por primera vez desde 2019, la gestión provincial no logró garantizar el inicio de clases. La medida afecta a 15 distritos del país y deja a casi siete millones de alumnos en suspenso.
Lo que debía ser una jornada de guardapolvos blancos y reencuentros se transformó este lunes en una postal de persianas bajas y escuelas cerradas. El inicio del ciclo lectivo 2026 quedó trunco por una huelga nacional convocada por la CTERA, que reclama mejoras salariales urgentes y la restitución de fondos nacionales clave.
El dato político más sensible se concentra en la provincia de Buenos Aires. Tras 6 años consecutivos de lograr inicios de clases normales, la administración de Axel Kicillof sufrió el primer quiebre de esa estabilidad. La adhesión es total: El Frente de Unidad Docente -que agrupa a gremios de gestión pública- y el sindicato de docentes privados -SADOP- se unieron a la medida, paralizando el sistema educativo más grande de la Argentina.
Un conflicto que escala a nivel nacional
Buenos Aires no está sola en esta parálisis. La medida de fuerza impacta en 15 jurisdicciones, afectando a establecimientos de nivel primario y secundario en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, La Pampa y San Luis; y también en Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, Tucumán y en la provincia patagónica de Río Negro.
La protesta no solo apunta a las góndolas y la inflación. Los gremios exigen respuestas a puntos que consideran innegociables:
- Paritaria nacional docente: Convocatoria inmediata para fijar un piso salarial en todo el país
- Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, un componente histórico del salario que
fue recortado - Presupuesto educativo: Refuerzo de partidas para infraestructura y comedores escolares
El caso particular de la provincia de Buenos Aires
La magnitud del sistema bonaerense explica la preocupación oficial. Con un presupuesto destinado a educación, que alcanza los 43 billones de pesos, el 27 por ciento del total provincial, cualquier movimiento en la paritaria impacta de forma tectónica en las arcas públicas.
«Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo», sentenciaron desde el Frente de Unidad Docente tras rechazar la última oferta oficial, un incremento del 3 por ciento para enero, que incluía un 1,5 por ciento retroactivo a diciembre.
Aunque el gobierno provincial admitió la tensión, el objetivo es normalizar la actividad en los próximos días. La clave estará en la reunión paritaria convocada para el miércoles 4 de marzo.
El reloj corre y las autoridades necesitan definir el nuevo esquema salarial antes del 13 de marzo para poder liquidar los sueldos del mes con aumento. De no haber acuerdo, el conflicto podría extenderse, poniendo en riesgo la meta de los 190 días de clases obligatorios.
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