Cayó una banda que, con complicidad de municipales de San Martín, vendía registros y DNIs truchos

La Policía Bonaerense detuvo a 15 personas acusadas de “asociación ilícita y falsedad ideológica” por haber montado una organización que se dedicaba a vender y falsificar licencias de conducir y DNIs con ayuda de empleados municipales de los partidos de La Matanza y San Martín.

Las fuentes policiales señalaron que la banda cobraba entre 3 mil y 8 mil pesos para realizar esos trámites.

Las detenciones se lograron tras varios allanamientos en San Justo y San Martín. Los detenidos son 15 personas de entre 21 y 76 años, dos de ellas son mujeres, y quedaron imputados por los delitos de “Asociación ilícita, Cohecho agravado y Falsedad ideológica”.

En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, equipos de informática, sellos del Registro Nacional de las Personas, sellos de empleados de la municipalidad de San Martín del área de tránsito, 95 DNIs a nombre de diversas personas, 25 licencias de conducir todas con domicilio en la calle Moreno, 25.000 pesos en efectivo y otras documentaciones.

Agentes de la Jefatura Distrital Noroeste de La Matanza iniciaron la investigación tras enterarse que en una mesa de un bar ubicado en Yrigoyen y Entre Ríos, en San Justo, se podían conseguir licencias de conducir y DNIs con trámites falsos.

Según las fuentes, en la puerta del local comercial un hombre, que se hacía llamar Pedro, ofrecía la tramitación de la documentación por valores de entre 3 mil y 8 mil pesos.

Tras obtener su número telefónico e intervenirlo por disposición judicial los investigadores determinaron que había varias personas más involucradas en esa maniobra ilícita y que la banda operaba tanto en La Matanza como también en San Martín en complicidad con empleados municipales.

Así, la justicia intervino 65 líneas telefónicas y logró la identificación de los autores de la maniobra y sus clientes.

El fiscal Marcelo Diomede solicitó entonces las órdenes de allanamientos, secuestro y detención de los imputados. El caso quedó a cargo del juez de Garantías Carlos Alí.

Compartir