El hecho ocurrió en enero, pero se conoció en las últimas horas. Además, y con posterioridad a este hecho, un vecino de la calle Puerto Rico también fue víctima de la banda. Las mentes detrás de estos hechos guiaban a los brazos ejecutores -menores de edad- desde celdas del sistema penitenciario. Utilizaban teléfonos celulares para reclutar menores, ejecutar los robos y desviar el botín a cuentas virtuales.
Una investigación liderada por la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, con el apoyo de la Unidad Funcional de Instrucción Ciberdelitos, logró desentramar la logística de una organización criminal que, pese a tener a sus líderes tras las rejas, continuaba operando en la zona norte del conurbano.
El comienzo de la pesquisa se remonta al pasado 9 de enero. Ese día, alrededor de las 02:30 horas, tres delincuentes ingresaron en la vivienda de Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, ubicada en la calle Emilio Mitre al 100. Tras escalar la reja frontal y acceder por un patio interno, los malvivientes desplegaron una violencia inusitada: La víctima fue amenazada con un cuchillo tipo Tramontina y torturada psicológicamente con la promesa de ser quemada con agua caliente o secuestrada.
Bajo coacción, la mujer no solo entregó joyas, dólares y efectivo, sino que fue obligada a ceder sus claves bancarias. Los delincuentes realizaron transferencias inmediatas hacia cuentas de Mercado Pago vinculadas a miembros de “La banda del millón”, una organización delictiva responsable de múltiples robos a viviendas en la zona norte. Su característica era que sus integrantes, luego de los golpes, difundían imágenes en redes sociales donde se mostraban con dinero o ufanándose de gastar en la noche lo robado.
La elección de la víctima no fue un dato menor. Mancini es conocida en redes sociales por sus contenidos de cocina, los cuales graba en su casa de San Isidro. En su declaración, aseguró que los delincuentes le mostraban en el celular publicaciones de su cuenta y una foto donde aparecía con un collar dorado. “Me decían que se los entregue”, dijo.
Esa misma noche, la banda cometió un segundo golpe bajo la modalidad “escruche” en una casa de la calle Puerto Rico al 900. Tras violentar una ventana con un cric de auto, sustrajeron electrodomésticos, notebooks y cámaras, huyendo en un Ford Fiesta blanco que fue interceptado poco después en Billinghurst, partido de San Martín, lográndose la captura de un sospechoso identificado como Lautaro Ortiz, de 22 años.
El avance de la investigación, con el aporte de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro, a cargo del comisario mayor Diego Godoy, permitió establecer una conexión sorprendente: Los robos no eran azarosos, eran coordinados en tiempo real desde unidades penitenciarias.
Los cerebros de esta macabra operación fueron identificados como Brandon Imanol Brites, de 19 años; y Lucas Ezequiel Merelles, de 20. Ambos son miembros de “La banda del millón” y, aunque actualmente se encuentran en penales distintos, compartieron celda en el pasado, donde habrían diseñado la estructura operativa.
Según la investigación, estos internos utilizaban teléfonos celulares para reclutar y dirigir a menores de edad -el brazo ejecutor- para que realizaran los ingresos a las viviendas; y también para administrar el dinero sustraído mediante transferencias electrónicas desde el lugar del hecho.
Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías 4, a cargo del doctor Esteban Rossignoli, ordenó cuatro allanamientos. Dos de ellos se realizaron en los pabellones donde se encuentran los cabecillas de este grupo criminal.
Así, en la Unidad Carcelaria 45 de Melchor Romero, se requisó la celda de Brites, secuestrándose un dispositivo móvil. Y en la Unidad Carcelaria 9 de La Plata se allanó la celda de Merelles, donde los agentes hallaron tres teléfonos celulares ocultos.
Mientras los líderes enfrentan nuevas causas judiciales que se suman a sus condenas previas, la Policía bonaerense centra ahora sus esfuerzos en identificar a los ejecutores materiales de los robos.
En ese sentido, la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro también ordenó allanamientos en domicilios donde, según la investigación, podrían refugiarse otros miembros de la banda, en su mayoría menores de edad que permanecen prófugos.
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