La Cámara de Diputados aprobó en general dos iniciativas clave impulsadas por el gobierno nacional: La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado “Inocencia Fiscal II”. Ambas propuestas obtuvieron media sanción tras intensos debates y cruces políticos, y ahora deberán ser tratadas en el Senado.
La modificación del régimen que regula el funcionamiento del Banco Central se aprobó por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.
La iniciativa fija como misión prioritaria la preservación del valor de la moneda, refuerza la independencia funcional y financiera del organismo y restringe drásticamente los mecanismos de financiamiento al Tesoro mediante emisión monetaria.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Santiago Pauli defendió la medida para que el Banco Central vuelva a ser «el guardián» del peso y frenar el uso del organismo para cubrir el déficit fiscal. En la misma línea, Sabrina Ajmechet señaló que el gobierno busca autolimitarse; y Diego Hartfield calificó el cambio como un hito capaz de «cambiar la historia». El PRO, a través de Daiana Fernández Molero, respaldó el proyecto para dejar atrás modelos fallidos anteriores.
Desde la oposición hicieron saber sus objeciones a la iniciativa. Itai Hagman, de Unión por la Patria, advirtió que se busca quitarle al Estado herramientas clave de intervención. Desde el centro y la oposición dialoguista, Nicolás Massot -Encuentro Federal- y Maximiliano Ferraro -Coalición Cívica- celebraron el freno a la emisión, pero reclamaron que se mantenga un mandato múltiple y se contemple la estabilidad del sistema financiero.
Por su parte, Eduardo Falcone, del MID, pidió un directorio federal; y Romina del Plá, del Frente de Izquierda, atribuyó la reforma a exigencias del FMI.
En la misma sesión, la Cámara Baja aprobó por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones el proyecto conocido como “Inocencia Fiscal II”. La norma modifica las declaraciones juradas simplificadas del Impuesto a las Ganancias, los plazos de prescripción tributaria y el régimen de sanciones.
La oficialista Laura Rodríguez Machado argumentó que la ley busca dejar de presumir la culpabilidad del contribuyente y reconocer que muchos argentinos recurrieron al ahorro informal debido a la inestabilidad inflacionaria pasada.
El proyecto generó fuertes rechazos opositores. Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, lo calificó de «cuasi blanqueo» y advirtió sobre posibles presiones a la UIF frente al lavado de activos. Mariela Coletta, de Provincias Unidas, lo objetó por razones morales y técnicas al beneficiar a sectores que fomentan la fuga de capitales; mientras que Nicolás Del Caño -Frente de Izquierda- sentenció que la iniciativa «premia a los grandes evasores».
Tras su paso por la Cámara de Diputados, ambos expedientes ya se encuentran en manos de la Cámara Alta para su discusión definitiva.
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