
Bajo la órbita de Santiago Caputo, la Casa Rosada activó una cuenta en X para «desmentir fake news». El Foro de Periodismo Argentino advirtió sobre la creación de un «tribunal de la verdad» financiado con fondos públicos que busca vigilar y castigar el disenso.
En un contexto de creciente tensión con la prensa y una caída en los índices de confianza pública, el gobierno nacional oficializó este jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Se trata de un organismo virtual, con base en la red social X, que nace con la misión declarada de “desmentir activamente las fake news” y exponer lo que el Ejecutivo denomina “operaciones de la casta política y mediática”.
La iniciativa, impulsada por pedido directo del presidente Javier Milei, funcionará bajo la Dirección Nacional de Comunicación Digital, liderada por Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, dentro de la estructura de influencia de Santiago Caputo.
El argumento oficial sostiene que «informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta». Sin embargo, el lanzamiento ha encendido alarmas sobre la libertad de expresión. La contradicción principal que señalan los analistas es de carácter lógico y democrático: Un gobierno que critica el «relato» de gestiones anteriores crea ahora una dependencia estatal para definir, de manera unilateral, qué es verdadero y qué es falso.
Desde que se eliminó la pauta oficial, la administración Javier Milei ha mutado su comunicación hacia un modelo de confrontación directa en redes sociales. La creación de esta oficina es vista por especialistas no como un servicio de información pública, sino como una herramienta de propaganda moderna diseñada para amplificar el discurso oficialista bajo el paraguas de la «verificación de datos».
Un tribunal de la verdad
El Foro de Periodismo Argentino no tardó en reaccionar ante la noticia, manifestando su «profunda preocupación y rechazo». A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre el peligro de que el Estado asuma el rol de «tribunal de la verdad».
«Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y recursos públicos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica», señaló el organismo.
Para la entidad que nuclea a diversos periodistas, el hecho que el gobierno utilice dinero de los contribuyentes para montar un dispositivo de respuesta militante representa una degradación de las instituciones democráticas y una amenaza a la pluralidad de voces.
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