
El jefe de Estado firmó un DNU que reforma más de 100 artículos del régimen regulatorio vigente y abre la puerta a la transferencia de hasta el 90 por ciento del capital de la empresa estatal al sector privado. La oposición rechaza la medida y alerta sobre riesgos en el acceso al agua.
El presidente Javier Milei avanzó en su plan de desregulación estatal con la firma del DNU 493/2025, que modifica de manera integral el marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales, con el fin de habilitar la privatización total o parcial de la empresa AySA.
Enmarcado en la Ley de Bases, que ya había declarado a AySA como “sujeta a privatización”, el decreto sustituye más de 100 artículos del régimen regulatorio aprobado en 2006. La norma contempla nuevos mecanismos de operación para futuros concesionarios privados, incluyendo la posibilidad de cortar el servicio por mora, comercializar excedentes con aval estatal y garantizar financiamiento con ingresos propios.
“El gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90 por ciento de las acciones de la empresa”, había comunicado, hace unos días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus habituales conferencias de prensa.
Cambios claves en el nuevo régimen
Además de reformar el esquema regulatorio, el DNU incorpora un Plan Director de Mejora Estratégica, que prioriza inversiones en infraestructura y fija un período de transición de 5 años para sostener el equilibrio económico-financiero del contrato posterior a la privatización.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del nuevo sistema, mientras que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento seguirá supervisando las autorizaciones técnicas y comerciales.
El texto también autoriza la enajenación del 90 por ciento del capital accionario de AySA, hoy en manos del Estado nacional. El 10 por ciento restante permanecerá bajo el Programa de Propiedad Participada y corresponde a trabajadores de la empresa.
Justificación oficial: Crisis económica y baja eficiencia
El Ejecutivo argumenta que la decisión responde a la “profunda crisis económica” del país y al “deterioro operativo y financiero” de AySA, que entre 2006 y 2023 recibió más de 13 mil 400 millones de dólares en transferencias del Tesoro, sin que ello se tradujera -según el gobierno libertario- en una mejora sustancial de la productividad o de la cobertura.
En la misma línea, Manuel Adorni sostuvo que durante la última gestión de gobierno “se gastaron más de 4800 millones de dólares” en AySA, y denunció una presunta distribución discrecional de fondos hacia municipios afines a la anterior conducción.
Fuerte rechazo opositor: “El agua no es un negocio”
El decreto provocó una inmediata reacción en la oposición, especialmente desde el bloque de Unión por la Patria, que presentó proyectos tanto en Diputados como en el Senado para frenar la privatización y reafirmar el carácter público del servicio.
El senador Eduardo “Wado” de Pedro denunció que la medida convierte un derecho esencial “en un negocio” y recordó que durante la gestión estatal de AySA, más de 8 millones de personas accedieron por primera vez a redes de agua o cloacas.
“Volver a privatizarla sería retroceder tres décadas”, advirtió el legislador, quien también denunció que durante la anterior concesión privada de los años 90, las tarifas se duplicaron sin mejoras en la calidad del servicio.
En la Cámara Baja, las diputadas Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, junto con otros referentes del bloque, impulsaron una iniciativa legislativa para declarar “nulo e inconstitucional” el decreto presidencial.
¿Y ahora qué?
El DNU fue dictado en acuerdo general de ministros y deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene la potestad de aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.
En medio del debate sobre el rol del Estado en servicios esenciales, la privatización de AySA se perfila como uno de los ejes de confrontación entre el oficialismo libertario y la oposición peronista en la segunda mitad del año.
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