Una iniciativa comunitaria en Avellaneda desató un fuerte malestar barrial. Ante la ola de entraderas, los frentistas compraron equipos de videovigilancia con su propio dinero, pero las autoridades locales les ordenaron retirarlos. La bronca vecinal se acrecienta porque la única objeción oficial pareció ser la viralización de las imágenes en los medios.
La reiterada ocurrencia de hechos delictivos y la demanda de mayores medidas de prevención llevaron a un conjunto de vecinos del partido de Avellaneda a tomar una decisión comunitaria: Colectar fondos del bolsillo propio e instalar un sistema privado de videovigilancia. Sin embargo, la iniciativa derivó en un insólito contrapunto con las autoridades locales, que siguen órdenes de la intendenta Magdalena Sierra.
Los frentistas damnificados, afectados por sucesivos asaltos y la modalidad de entraderas que impacta en la zona urbana de Wilde, montaron un esquema de monitoreo en la cuadra mediante la adquisición de cámaras de alta definición. El objetivo central apuntaba a disuadir el accionar delictivo y guardar registros de prueba para la Justicia.
Según denunciaron públicamente los propios habitantes de la zona, y como quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales, en las inmediaciones de las calles Malvinas Argentinas y Yapeyú, una mujer que se identificó como integrante del área de Seguridad de la Municipalidad de Avellaneda acudió al lugar para exigir el desmantelamiento inmediato del equipo.
La presencia de la agente municipal generó indignación inmediata entre los vecinos, quienes remarcaron que la inversión se realizó de manera autogestiva ante la falta de presencia preventiva en las calles. El reclamo oficial no estuvo centrado en la supuesta ilegalidad o incompatibilidad técnica de los dispositivos, sino en la molestia generada por la exposición pública de los hechos.
Mientras la falta de respuesta estatal deja a los barrios librados a su propia suerte, obligando a las familias a organizarse y gastar sus propios recursos para proteger sus hogares, la reacción oficial parece priorizar la estética política por sobre la seguridad: En lugar de aplaudir la solidaridad y el esfuerzo vecinal, el Estado local interviene únicamente para ordenar que se apaguen los ojos que exponen su propia inoperancia.
Es que los videos de varios delitos se viralizaron en las redes sociales y llegaron incluso a los noticieros de televisión, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de la zona.
Durante el cruce, la funcionaria intentó condicionar la situación al prometer la colocación de un domo municipal, pero supeditó esa medida a que los vecinos retiren primero sus propias cámaras, a pesar de tratarse de sistemas totalmente compatibles que podrían complementarse en favor de la seguridad de la cuadra.
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