En una nueva muestra de debilidad en el ámbito legislativo, La Libertad Avanza logró sancionar este jueves el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero sufrió un duro revés político al verse obligada a dar de baja el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego. Esta claudicación se suma a la sufrida el día anterior, cuando el oficialismo ya había tenido que eliminar el articulado vinculado a la extranjerización de tierras por la fuerte resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.
La iniciativa central -denominada por el Ejecutivo como de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada»- se aprobó en general por 37 votos a favor y 33 en contra. El recuento favorable se estructuró con el respaldo del bloque oficialista, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, y senadores provinciales de Chubut, Misiones y Neuquén. Sin embargo, el costo político fue alto: Ante la falta de los votos necesarios de sus propios aliados, la administración libertaria debió mutilar el proyecto en plena sesión.
El oficialismo fracasó rotundamente en su intento por modificar el régimen vigente de la Ley de Manejo del Fuego, promovida originalmente en 2020, que prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y por 30 años en tierras agropecuarias.
Senadores dialoguistas y provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo, como los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, junto a Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Ávila y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, le dieron la espalda a la propuesta del gobierno.
«Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios», advirtió durante el debate el senador radical Maximiliano Abad, marcando los límites del acompañamiento legislativo a la Casa Rosada.
Con este nuevo recorte, el paquete normativo original quedó profundamente desdibujado respecto de las ambiciones iniciales del oficialismo, evidenciando la incapacidad de la gestión del gobierno de Javier Milei para tejer acuerdos sólidos en la Cámara alta sin tener que ceder ante la presión de la oposición y sus socios circunstanciales.
Cruces calientes durante el debate
El debate estuvo atravesado por fuertes cruces ideológicos y cuestionamientos a la forma en que el oficialismo condujo el trámite parlamentario. Desde el bloque justicialista, el jefe de la bancada, José Mayans, calificó el proyecto de propiedad privada como «un asco» y aseguró que la reforma de las expropiaciones es «inconstitucional de cabo a rabo» y un «robo a cara descubierta».
En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció desprolijidades en el procedimiento, señalando que los legisladores recibieron el nuevo dictamen «apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones». A su turno, la rionegrina Ana Marks tildó las políticas oficiales de «cipayas y entreguistas», al considerar que mercantilizan la tierra y desatienden la crisis habitacional.
Por el lado del oficialismo, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, intentó blindar la iniciativa asegurando que la ley «viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado» por usurpaciones y tomas de tierras. A su vez, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la vía sumarísima para los desalojos argumentando que busca evitar que los dueños de los bienes sean «castigados por las demoras judiciales».
Pese a haber conseguido la sanción general del núcleo de la ley gracias a 36 votos, tras la abstención de la chubutense Edith Terenzi en ese tramo, el saldo para el Ejecutivo sabe a derrota: Un gobierno obligado a recortar sus propias leyes en vivo y en directo para evitar una votación perdida confirma que el oficialismo transita el parlamento bajo un delicado equilibrio donde cada artículo se transforma en una pulseada cuesta arriba.
Incidentes y fuerte presencia política en las inmediaciones del Congreso
Mientras el recinto del Senado debatía el articulado y el oficialismo sufría las modificaciones a contrarreloj, el exterior del edificio legislativo se convirtió en el escenario de momentos de alta tensión. Una masiva movilización integrada por organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones ambientalistas y partidos políticos confluyó frente a la plaza del Congreso para rechazar el paquete de reformas impulsado por el gobierno.
La protesta estuvo marcada por una marcada presencia política de dirigentes opositores, referentes de movimientos sociales y legisladores que bajaron a la calle para respaldar el reclamo de los manifestantes.
En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue parte de la movilización en rechazo al proyecto libertario. «Se logró que el gobierno nacional desestime la locura de la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros, pero los otros capítulos de esta ley también son nefastos», celebró.
Y el mandatario, agregó: «Esta manifestación es muy importante porque demuestra que hay una reacción transversal, con muchos sectores que han comprendido cuál es el verdadero proyecto de Javier Milei. Estamos ante un presidente que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos». Estuvo acompañado por integrantes del gabinete provincial, intendentes y militantes.
A medida que la sesión avanzaba y se confirmaban los recortes en el proyecto, la situación en las inmediaciones comenzó a escalar en temperatura. En ese sentido, se registraron incidentes menores, corridas y momentos de fuerte tensión con las fuerzas de seguridad federales que desplegaron el protocolo antipiquetes, generando un vallado estricto alrededor del edificio parlamentario.
Las organizaciones denunciaron represión y exceso en el uso de la fuerza, mientras que desde el Ministerio de Seguridad nacional y de la Ciudad de Buenos Aires se defendió el operativo para garantizar el orden público, completando así una jornada donde la presión social en la calle y la pulseada política en el recinto marcharon en paralelo.
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