Fue por 62 votos afirmativos y solo 8 negativos. Además, la Cámara Alta convirtió en ley el financiamiento universitario.
El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y 8 negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei.
La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero, del PRO.
El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.
Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.
“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.
También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.
Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica -asistencial y no asistencial- y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de 65 mil 573 millones de pesos.
La dependencia administrativa señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3176 agentes, de los cuales 1832, un 57,7 por ciento, son becarios; y 1344, 42,3 por ciento, son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.
El debate
Uno de los primeros discursos lo esbozó el senador del PRO, Luis Juez, que contó que su hija Milagros, con parálisis cerebral, es una ex paciente del Garrahan. «Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es ‘vayan al Garrahan’. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan», relató.
Luego, el cordobés se refirió a la críticas que recibió por haber votado contra los intereses del oficialismo, con quien mantiene gran vínculo, especialmente con Milei. «Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema», agregó.
Por su parte, la senadora Alejandra Vigo exclamó: «Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio». Y continuó: «Se puede tener posiciones hasta antagónicas en muchos casos, pero tratar de justificar de la manera que se pretende hacerlo, voy a creer que en Córdoba lo que falla es la salud mental».
La senadora de Unión por la Patria, Alicia Kirchner, pidió al Ministerio de Salud, que tiene como titular a Mario Lugones, conozca «un poco más» a la Argentina. «La timba financiera no repara y cuando se habla del poder macabro del Congreso y del futuro del país quiero responder que el futuro del país es nuestra infancia», resaltó.
Guadalupe Tagliaferri, del PRO, reconoció que la crisis en salud no inició con el desembarco de Javier Milei, no obstante, afirmó que «gobernar significa reconocer un problema y solucionarlo». «No se puede cruzar el límite de tener que escuchar que los chicos de la Argentina no tienen derecho a salud de alta complejidad», lanzó.
«La gente no solo votó a este gobierno por la casta, lo votó para que le mejore la calidad de vida. No se puede seguir culpando al pasado, a la gente le importa poco a eso. La gestión del Garrahan es una cuestión nacional de sentido común», subrayó la legisladora porteña.
Financiamiento universitario
Por otra parte, el Senado convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó otro golpe a la administración libertaria, que rechazaba esa iniciativa.
La propuesta -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
A la decena de rechazos, además de los 6 libertarios, se plegaron 2 senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero, de Entre Ríos, y Martín Goerling, de Misiones; la senadora radical por Santa Fe, Carolina Losada; y el legislador formoseño Francisco Paoltroni.
Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo, con Andrea Cristina, de Chubut, y Victoria Huala, de La Pampa. También se abstuvo el salteño Juan Carlos Romero.
La medida otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, ciencia y técnica, actividades de extensión universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
La Auditoría General de la Nación realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
Desde La Libertad Avanza fustigaron el proyecto, no solo por cuestiones presupuestarias, sino por el rol de las casas de altos estudios y por una supuesta baja en las tasas de egresados.
«Los argentinos no estamos dispuestos a pagarles las fiestas a las universidades. Eso tiene que ver con el mal manejo de los fondos públicos», señaló el jefe de esa bancada, Ezequiel Atauche. «La verdadera intención del kirchnerismo es romper el déficit y el crecimiento de la Argentina. No vamos a aceptar un presupuesto deficitario», redondeó.
Con información de Noticias Argentinas
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