El debate por la alimentación y el derecho a la información volvió a encenderse en el ámbito político y sanitario. El gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que propone la derogación total de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, número 27642, popularmente conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa oficialista ya generó una fuerte reacción de la comunidad médica y científica, que alerta sobre las graves consecuencias de un eventual retroceso en la materia.
La normativa vigente obliga a las empresas productoras de alimentos envasados a incorporar los ya familiares octógonos negros de advertencia. Estos sellos informan de manera directa sobre el exceso de nutrientes críticos, como azúcares, sodio, grasas y calorías, además de advertir sobre la presencia de edulcorantes o cafeína, desaconsejados para el consumo infantil.
Los argumentos oficialistas: «Demonización» y trabas comerciales
Quienes impulsan la derogación de la ley sostienen que el sistema actual es «excesivo» y que «demoniza» a determinados productos debido a la cantidad de sellos que terminan exhibiendo en sus envases.
Según los autores del proyecto, este esquema ha impactado negativamente tanto en los niveles de consumo interno como en los procesos de importación y comercialización de alimentos, por lo que consideran necesaria una flexibilización para favorecer la actividad económica del sector.
Alerta en el sector sanitario: Un golpe al derecho a saber
La respuesta de los profesionales de la salud no se hizo esperar. El Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación no solo por la posible eliminación de los octógonos, sino también por el riesgo que corre la flexibilización de las restricciones al marketing de productos no saludables dirigido a las infancias.
«Lo que está en riesgo no es sólo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares», advirtió Laura Salzman, presidenta de la institución.
Desde el organismo colegiado bonaerense recordaron que la norma es una política pública construida sobre sólida evidencia científica y respaldada por organismos internacionales de la talla de la Organización Panamericana de la Salud.
En defensa de esta herramienta, los especialistas destacan que el sistema de etiquetado frontal cumple tres funciones fundamentales. En primer lugar, ofrece una traducción rápida que convierte tablas nutricionales complejas en advertencias visibles en cuestión de segundos; en segundo lugar, posee una eficacia comprobada, siendo el método más eficiente para aumentar la percepción de riesgo en el consumidor; y, finalmente, funciona como un mecanismo de prevención clave al alertar sobre excesos vinculados directamente a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.
El impacto en los sectores más vulnerables
Los especialistas enfatizan que la alimentación no debe reducirse a una simple «elección individual», sino que debe abordarse como una problemática de salud pública y equidad. En ese sentido, Laura Salzman explicó que la eliminación de los sellos es un golpe directo al derecho de la población a conocer qué consume. «Los octógonos ‘traducen’ rápidamente la información nutricional (…) Nos avisan y previenen sobre el exceso de nutrientes críticos antes de consumir un producto», argumentó.
Finalmente, los nutricionistas alertaron que dar marcha atrás con esta medida profundizará las desigualdades sociales, desprotegiendo especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes quedan expuestos nuevamente a agresivas estrategias de marketing publicitario. «Defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La información alimentaria clara y accesible no debe ser objeto de retrocesos», concluyeron de manera tajante.
La moneda ahora está en el aire y la discusión se trasladará a las comisiones del Senado, donde se anticipa un duro cruce entre las prioridades del mercado y los derechos sanitarios de la población.
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