A partir de ahora, los ciudadanos de a pie no podrán operar en los mercados financieros si accedieron al dólar oficial. La búsqueda es ejercer un mayor control del mercado cambiario para acumular reservas, a fin de usarlas para el pago de vencimientos de deuda, una exigencia del FMI.
El gobierno nacional, aquel que prometía libertad de mercado y no intervención estatal, volvió a restringir operaciones cambiarias: A partir de una determinación del Banco Central, quienes compren dólares por el mercado oficial no podrán operar con dólares financieros y viceversa. Se trata de una “restricción cruzada”, o en otras palabras, una medida que reinstala de forma parcial el cepo cambiario.
Esta “limitación cruzada” había sido eliminada el 14 de abril, cuando se anunció un levantamiento parcial del cepo para personas físicas, aunque se mantenía para personas jurídicas.
La semana pasada se había aplicado la misma restricción a personas vinculadas a entidades financieras; y ahora, con la nueva norma, quienes operen en el mercado libre de cambios no podrán operar en el mercado de bonos, al contado con liquidación o MEP, y viceversa, por un plazo de 90 días.
Con esta medida, por ejemplo, al ahorrista que opte por comprar dólar ahorro le pedirán que firme una declaración jurada en la que promete no tocar el MEP ni el contado con liquidación por 90 días. Una suerte de voto de castidad financiera. La condición es guardar los verdes billetes bajo el colchón, porque si alguien se le ocurre usarlos para moverse entre mercados, automáticamente queda inhabilitado para esa operatoria.
El objetivo del gobierno es restringir la circulación de divisas y evitar los “rulos” que se habían multiplicado con la brecha cambiaria en alza entre el contado con liquidación, el MEP y el tipo de cambio oficial. ¿Qué sucedía? Alguien compraba barato en un mercado y vendía más caro en otro, y eso producía que el Banco Central se quedaba sin reservas. Con este cepo se cree que el gobierno libertario podrá ejercer un mayor control para acumular reservas.
La acumulación de dólares por parte del Banco Central y del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda es una de las exigencias del acuerdo con el FMI, y constituye la principal hoja de ruta acordada con el gobierno de Estados Unidos.
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