La comunidad universitaria volvió a salir a la calle este martes en todo el país para reclamarle al gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en una movilización que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y que reunió a estudiantes, docentes, no docentes, rectores, investigadores, sindicatos y dirigentes políticos opositores.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina, y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei. El reclamo central apuntó al incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y ratificada luego de su veto, además de la falta de acatamiento de fallos judiciales que ordenaron la actualización de partidas vinculadas a salarios y becas.
Durante el acto central, que se desarrolló frente a la Casa Rosada, las organizaciones universitarias leyeron un documento con fuertes críticas al Poder Ejecutivo y un pedido dirigido a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y garantice el cumplimiento de la norma. “Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro”, fue una de las consignas que atravesó la jornada.
En el texto, las autoridades, gremios y estudiantes advirtieron que la crisis universitaria no se reduce a una discusión presupuestaria, sino que también involucra la vigencia del Estado de derecho. “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: Ignora la Ley de Financiamiento Universitario -27795- sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, señalaron.
Además, remarcaron que “cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
El documento plantearon que la universidad pública y el sistema científico son “factores fundamentales de la economía del país” y recursos estratégicos para el desarrollo nacional. “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, expresaron.
Cerraron con un llamado a sostener la defensa del sistema universitario público. “No permitamos que los pilares de nuestras universidades -trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes- sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende”, concluyeron.
Según plantearon los organizadores, el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades no superó en ningún mes de la gestión de Milei el 64 por ciento del nivel que tenían en enero de 2023. También denunciaron que desde diciembre de 2023 se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, reclamó que el gobierno asigne los recursos mínimos para sostener el funcionamiento del sistema universitario y defendió la ley de financiamiento como una herramienta “razonable” para dar respuesta a la crisis sin comprometer fiscalmente al Estado. En ese marco, sostuvo que el reclamo no solo busca garantizar clases y salarios, sino también preservar el rol de la universidad pública como motor de movilidad social.
En tanto, el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, también apuntó contra el ajuste y advirtió que “está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho”. En esa línea, sostuvo que restringir el derecho a protestar, desconocer leyes votadas por el Congreso o incumplir decisiones judiciales afecta la convivencia democrática.
La movilización contó con columnas de universidades nacionales, gremios docentes y no docentes, organizaciones estudiantiles, la CGT, las dos CTA y sectores vinculados a la investigación científica, que denunciaron una situación crítica por el desfinanciamiento y la pérdida salarial. También participaron dirigentes políticos de distintos espacios opositores, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, legisladores nacionales, intendentes, referentes del radicalismo, el peronismo y la izquierda.
En la previa, el oficialismo había cuestionado la convocatoria y la calificó como una “marcha política opositora”. Desde el gobierno también insistieron en que existen objeciones a la ley de financiamiento y anticiparon que buscarán abrir una instancia de diálogo con universidades que tienen hospitales universitarios para discutir la distribución de fondos.
Pese a esa respuesta, la comunidad universitaria volvió a mostrar capacidad de movilización en las calles. En Plaza de Mayo, las columnas comenzaron a llegar desde temprano desde distintos puntos de la Ciudad, mientras que el reclamo se replicó en plazas, universidades y centros urbanos de todo el país.
La respuesta del gobierno
Desde el gobierno nacional salieron a responder el reclamo y calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización “política opositora”. A través de un comunicado difundido por La Libertad Avanza, el oficialismo rechazó las acusaciones de desfinanciamiento y sostuvo que la administración de Javier Milei “ha cumplido con sus obligaciones” con las universidades nacionales.
“El gobierno nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”, señalaron desde el oficialismo. En esa línea, afirmaron que en el presupuesto para el 2026 la partida destinada al sistema universitario “creció y pasó a 4,8 billones de pesos”.
Además, desde La Libertad Avanza cuestionaron la Ley de Financiamiento Universitario al sostener que “nació suspendida en su ejecución” porque, según plantearon, el Congreso no determinó las fuentes para cubrir su financiamiento. En el comunicado indicaron que su aplicación representaría un gasto total de 1,9 billones de pesos.
La administración libertaria también defendió su política de equilibrio fiscal y advirtió que modificar el presupuesto implicaría, según su postura, “más impuestos o emisión monetaria”, lo que derivaría en “más inflación y más pobreza”. De esa manera, la Casa Rosada buscó contrarrestar el reclamo de rectores, docentes, no docentes y estudiantes, que exigieron la aplicación de la ley y pidieron la intervención de la Corte Suprema para garantizar su cumplimiento.
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