El proyecto de ley, que ya ingresa al Senado, propone un reempadronamiento masivo de beneficiarios y la desregulación de los pagos de las prepagas y obras sociales. La oposición advierte por un posible recorte en las coberturas.
El escenario político y social se encamina a un nuevo foco de conflicto. El Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, ha enviado al Senado un ambicioso proyecto de ley que busca reestructurar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral y el esquema de financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad.
Si bien el oficialismo argumenta que la medida busca «sanear» un sistema con irregularidades históricas, las organizaciones del sector y los bloques opositores denuncian que la iniciativa esconde un ajuste que podría dejar a miles de personas sin asistencia.
El «filtro» de las pensiones: Reempadronamiento y requisitos más duros
Uno de los pilares del proyecto es la auditoría general del padrón actual. La iniciativa impone una serie de condiciones estrictas que cambiarán el acceso al beneficio:
- Censo obligatorio: Se establece un plazo de 90 días hábiles, prorrogables por 30 más, para que todos los beneficiarios se reempadronen. Quien no lo haga, sufrirá la suspensión inmediata de la pensión
- Invalidez total: Solo se mantendrá la prestación para quienes acrediten una invalidez total y permanente, sumada a una condición de vulnerabilidad económica comprobable
- Incompatibilidad laboral: Se prohíbe el cobro de la pensión para cualquier persona con empleo formal, ya sea en relación de dependencia, autónomo o monotributista
El argumento oficial para esta medida es que, según sostienen desde la administración libertaria, entre 2003 y 2023 las pensiones pasaron de 76 mil a 1,2 millones. Según Salud, este crecimiento del 1500 por ciento se debe, en gran parte, a beneficios otorgados de forma irregular o en domicilios inexistentes.
La desregulación de aranceles: El punto más polémico
A pesar del endurecimiento de las pensiones, el mayor rechazo se concentra en la modificación del Nomenclador Nacional de Prestaciones. Actualmente, el sistema funciona bajo una regulación estricta: La Superintendencia de Servicios de Salud fija valores obligatorios que las obras sociales y prepagas deben pagar por terapias, transporte y centros de día, garantizando una cobertura uniforme en todo el país.
El nuevo proyecto propone un cambio de paradigma radical al eliminar la obligatoriedad de este nomenclador. De aprobarse, el Estado dejaría de intervenir en la fijación de precios, habilitando a que cada obra social o empresa de medicina prepaga acuerde libremente los valores con los prestadores. Además, la reforma eliminaría el mecanismo de indexación protegida que hoy rige para estos servicios.
Esta desregulación despierta temores fundados en la historia reciente. Desde sectores como Unión por la Patria y diversas ONGs, advierten que este cambio es un «deja vú» de la crisis vivida en 2025. En aquel entonces, el congelamiento de aranceles desde finales de 2024 llevó al colapso a transportistas y centros terapéuticos, obligando al Congreso a dictar una Ley de Emergencia en Discapacidad. Los críticos sostienen que, sin un piso tarifario estatal, las financiadoras tenderán a la baja, provocando una reducción inevitable en la oferta de servicios y la calidad de las coberturas.
Escenario legislativo
Aunque el oficialismo confía en que los números en la Cámara Alta le favorecen, el camino no será sencillo. Sectores aliados han manifestado sus «reparos» ante la posibilidad de que la desregulación derive en una catarata de amparos judiciales por falta de cobertura.
En las próximas semanas, las comisiones de Salud y Presupuesto serán el epicentro de un debate que no solo es técnico y fiscal, sino profundamente sensible para una de las poblaciones más vulnerables del país.
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