Conurbano Digital investigó uno de los -presuntamente- mayores hechos de corrupción a nivel municipal de los últimos años, que se dio en el partido de San Isidro, gobernado por la familia Posse desde el año 1983. Ese gobierno comunal recibió más de 400 millones de pesos entre los años 2004 y 2009 -a tipo de cambio de entonces, cerca de 100 millones de dólares- para construir viviendas sociales. De lo proyectado, no se realizó ni la mitad. Paralelamente, empresas constructoras muy ligadas al Municipio, incluso con propietarios que son funcionarios comunales, comenzaron a desarrollar grandes emprendimientos en el distrito y en otros lugares. Esto es investigado por la Justicia, que trabaja sobre varias denuncias.
En el año 2007, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, era uno de los principales referentes de los Radicales K, es decir, hombres de la Unión Cívica Radical que acompañaban al gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner. Ese año consiguió su tercera reelección, siendo parte de la boleta que llevaba a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidente, quien también fue electa.
Por ese entonces, San Isidro fue beneficiado, mucho más que otros municipios, con recursos nacionales para la realización de obras públicas. Se hicieron en el distrito túneles, obras hídricas y pavimentos. También viviendas sociales, bajo la premisa de convertir al partido en el primer distrito sin villas. Eso prometía el jefe comunal.
En ese sentido, y en el marco del Plan Federal de Viviendas lanzado por el kichnerismo en el año 2003, el gobierno municipal recibió más de 400 millones de pesos entre los años 2004 y 2009 -a tipo de cambio de entonces, cerca de 100 millones de dólares- para construir casas en los diferentes barrios de emergencia de San Isidro. Se debían construir más de 3200 casas, sin embargo, no se llevó a cabo ni la mitad de lo proyectado.
La coordinación de estos proyectos tenía dos actores principales. Por el lado de Nación, el ex secretario de Obras Públicas, José López; por el lado del Municipio, el subsecretario de Obras Públicas, Fernando Romero, amigo personal del intendente Gustavo Posse y hombre de su núcleo duro. Como es de público conocimiento, el primero de estos dos actores hoy está tras las rejas, al haber sido encontrado arrojando bolsos con sumas millonarias en un convento del partido de General Rodríguez. El segundo, también tuvo en sus manos sumas millonarias, ya que es el propietario de la empresa Syrah, una constructora que en esos años logró un crecimiento exponencial en San Isidro, llevando adelante más de una veintena de emprendimientos, muchos bajo la forma de fideicomisos.
La investigación de Conurbano Digital se centró en un caso paradigmático, el del barrio Martín y Omar, en el Bajo de San Isidro. Allí se licitó la construcción de 250 viviendas sociales, pero solo se construyeron 43. Lo curioso, y hasta inverosímil, es que Nación giró los fondos para que se hagan la totalidad de las viviendas, y el Municipio certificó un avance de obra del 98 por ciento, cuando en realidad solo se llevó a cabo el 17 por ciento de lo proyectado.
Una vecina del barrio brindó su testimonio para nuestro informe. “En el 2005 comenzó el Plan de Viviendas. Se iban a hacer 250 casas, pero se hicieron solamente 43 y se entregaron a gente que estaba trabajando con el Municipio, y de afuera del barrio y extranjeros. Muchos vecinos quedaron afuera, y una de las que quedó afuera fui yo”, contó. Dijo además que el argumento del gobierno local para esa diferencia fue que “no alcanzó la plata”. Producto de un nuevo acuerdo del Municipio con la Provincia, este año se reactivaron las obras para terminar con las viviendas faltantes. “Ahora dicen que, con la nueva devaluación, no alcanza la plata para realizar las obras. Lo único que se está haciendo es asfalto”, denunció.
Los vecinos coinciden en remarcar que las casas que se hicieron tienen diferentes problemas, como humedad, paredes que se rajan, pisos mal hechos y dificultad en el servicio de agua. “Otra mujer que vive en Martín y Omar agregó que, mientras se construían las casas, se presentaban problemas en las precarias viviendas ya existentes. “Teníamos problemas y no podíamos hacer mejoras”, declaró. “El dinero acá no vino. Simplemente hay que sacar cuentas, porque solo se hicieron 43 viviendas. El resto de toda la plata que recibieron, y que escribieron en un cartel que colgaron en el barrio, acá no está”, concluyó.
Desde ya, que este tema está judicializado, y quien se presentó ante la Justicia Federal para realizar las denuncias fue la concejal con mandato cumplido, Marcela Durrieu, quien también aportó su testimonio. “Durante mi mandato recibí el reclamo de la gente, que decía que las viviendas no estaban. Me puse a investigar y encontré que solo hay hechas 43 viviendas, que el certificado de obras dice que se hicieron el 100 por ciento de las viviendas, y que se pagaron el 100 por ciento, con las redeterminaciones de costos”, sentenció.
Además, aseguró que “hay una clara cartelización, porque la mitad de las obras son de empresas vinculadas a Carlos Wagner, y la otra mitad de empresas ligadas al intendente y funcionarios”. “Aparecen también una serie de derivaciones, como construcciones de la empresa Syrah, fideicomisos para construir en San Isidro y una obra monstruosa en Punta Ballenas, en Uruguay, que está siendo investigada por lavado de dinero”, añadió.
La ex legisladora recordó que “Gustavo Posse fue ultra K, uno de los principales radicales kirchneristas, y tenía protección del gobierno nacional”. “Curiosamente, ahora cambió de bando y tiene protección del macrismo, y en particular de la gobernadora María Eugenia Vidal, que brindó recursos y autorizó que las nuevas obras en el barrio se hagan con las mismas personas que están imputadas en la causa”, expuso.
Y finalmente, alertó que “con estas nuevas obras -aprobadas por el Concejo Deliberante este año- se están tapando otras obras que no se hicieron”. “De alguna manera, hay un encubrimiento”, afirmó. “Aquí no se necesitan pericias, el Municipio y las empresas constructoras certificaron que se hicieron todas las viviendas, y se ve claramente que las viviendas no están. La Justicia ya tiene que actuar”, concluyó.
El fiscal Fernando Di Lello es quien está investigando lo denunciado. Ya evaluó la prueba documental, pidió informes a las partes involucradas y realizó una inspección ocular en el barrio Martín y Omar. Ordenó también que se ejecuten dos pericias, una contable y otra de ingeniería. Está última, comenzó a realizarse hace días atrás.
“Las pericias ya comenzaron, y esperamos que sirvan para transparentar lo que ocurrió con unas obras que perjudicaron a los sectores más vulnerables de San Isidro. Está claro que fueron pagadas 250 casas y solamente hay 43”, manifestó el concejal de Cambiemos y ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Castellano, quien estuvo presente en el lugar periciado. “Es fundamental que la Justicia investigue y se descubra la verdad”, exigió.
“Ya hay pericias oculares, y el fiscal constató que los certificados de obras hablaban de 250 viviendas y en realidad solo había construidas 43. Eso es un elemento suficientemente fuerte para que se produzcan las indagatorias, que el juez entendió no eran oportunas porque faltaban las pericias”, cuestionó. No obstante, entendió que “lo importante es que avance la investigación”. “No queremos que esto termine prescribiendo”, lanzó.
“Queremos que en San Isidro haya verdad y justicia. Si no hubo corrupción y malversación, que la Justicia lo diga; pero si hubo, que aquellos que fueron responsables paguen los costos penales, sociales y políticos que correspondan”, aseveró quien fuera uno de los hombres de máxima confianza del jefe comunal.
Y para terminar, en relación a su accionar como parte del gobierno municipal, explicó: “Uno cuando trabaja en equipo confía, y cuando pedí respuestas me las dieron, y entendí que las respuestas podían ser ciertas”. “Ahora creo que lo que hubo fue malversación de fondos públicos, y entiendo que también hubo corrupción en el caso de las viviendas, que no fueron hechas para los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Le sacaron plata a los vecinos más pobres”, finalizó.
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